Lo declaró el presidente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Respecto a las intimaciones para regularización de deuda, explicó que se ha enviado a todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia.
“La retención de los aportes del trabajador y el no pago constituye un delito penal contra la administración pública” alertó Sergio Perez Soruco, detallando que el proceso de regularización de deudas de los municipios con la obra social de los trabajadores del Estado es innegociable. Explicó que las intimaciones legales se han enviado a todos los municipios y comisiones de fomento. Destacó la importancia de esta regularización para el funcionamiento y la prestación de los servicios de salud. “Lo deben resolver los empleadores, es difícil brindar servicios si los aportes no llegan” explicó el presidente. Los trabajadores municipales representan un 23% del padrón de la obra social santacruceña.
